(Especial 28-10-2011).- El Presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), Juan Francisco Jiménez señaló que los efectos negativos del texto del recién aprobado proyecto de Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Viviendas, comprometen las metas del plan masivo de viviendas que adelanta el Gobierno nacional, por lo que exhorta al Presidente de la República a evaluar las propuestas formuladas por el sector construcción, y así cumplir con el objetivo de beneficiar a las familias venezolanas.

El presidente de la institución, Juan Francisco Jiménez enfatizó que para garantizar el éxito de cualquier plan masivo de construcción de viviendas en el país, es preciso concertar definitivamente una política nacional coherente y profesional, diseñada para permitir e incentivar la participación de todos los actores involucrados en el área de vivienda.

Reiteró que la construcción de viviendas de interés social para alquilar debe ser financiada principalmente por el sector público, con el apoyo decidido de la empresa privada, para lo cual se ha propuesto la constitución de empresas mixtas (Gobierno-sector privado) que se encarguen de ejecutar estos desarrollos habitacionales, en toda su integralidad.

Para que esto ocurra y tenga viabilidad real el proyecto de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, Jiménez indicó que es fundamental que el texto final de dicha ley tome en consideración las propuestas y visiones de todos los actores involucrados, a fin de garantizar el objetivo de beneficiar a la familia venezolana. “En caso contrario, traerá graves consecuencias para los venezolanos que requieren una vivienda digna y para los cientos de miles de trabajadores y empresas que operan en el sector”, manifestó.

A propósito de la obligatoriedad de las empresas constructoras de destinar, para el arrendamiento, un porcentaje del total de las viviendas que construyan, enfatizó que esta situación haría inviable la construcción masiva de viviendas promovidas por el sector privado. “Adicionalmente –destacó- se estaría delegando el establecimiento de ese porcentaje a un ente público, para que actúe de forma totalmente discrecional, lo que podría fomentar prácticas poco transparentes o situaciones donde se beneficie a unos en perjuicio de otros”.

Según Jiménez es necesario que la ley que apruebe la Asamblea Nacional establezca medidas equilibradas, tanto para arrendadores como arrendatarios, que respete la libre contratación inquilinaria, evitando el abuso de cualquiera de las partes involucradas; que genere confianza y seguridad jurídica, y que estimule la participación de la inversión privada nacional y extranjera para la construcción masiva de viviendas destinadas al arrendamiento.

“Experiencias en otros países – puntualizó- han logrado establecer con éxito una política de incentivos y motivación para la construcción de viviendas en alquiler. Existen muchas formas de lograr una mayor participación del sector privado en este campo, pero definitivamente no es a través de la imposición como se pueden alcanzar resultados favorables para todos”.

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