El Arq. Alfredo Cilento, Coordinador de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda, adscrita a la Mesa de la Unidad, nos envía el siguiente documento sobre el desarrollo urbano y vivienda.

PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS SOBRE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Octubre 26 de 2011

MIEMBROS DE LA COMISIÓN:
Alfredo Cilento Sarli (Coord.), Marco Negrón, Alfonso Linares, Alberto Lovera, Daniel Fernández Shaw, Edgar Jaua, Fernando Gonzalo, Francisco Yepes, Graciela Flores de Gabaldón, Irma Lovera De Sola, José Curiel, Leopoldo Provenzali, Manuel Torres Parra, Miguel Méndez Rodulfo, Oscar Olinto Camacho, Víctor Artís, Víctor Fossi, Zulma Bolívar.

MARCO DE REFERENCIA
Las ciudades, más que el petróleo u otros recursos naturales, son la principal riqueza de una sociedad pues en ellas se concentran y se potencian el talento y la creatividad de los hombres y se instalan los nodos que conectan a las naciones con el resto del mundo. Pero esas cualidades solamente prosperan en un clima de libertad: las ciudades también pueden convertirse en una rémora cuando el autoritarismo y la intolerancia se imponen, impidiendo el florecimiento de la diversidad, la libre confrontación de ideas, la controversia civilizada que a todos nos enriquece. Junto a Argentina y Uruguay, Venezuela es hoy uno de los países más urbanizados de América Latina, pero, contrariamente a lo que a veces se piensa, sus ciudades tienen un tamaño manejable: Caracas apenas supera los 3 millones de habitantes, seguida por cuatro ciudades de más de un millón. Sin embargo, más de la mitad de los habitantes urbanos venezolanos vive en barrios autoconstruidos, con altos niveles de vulnerabilidad y precarias condiciones de equipamiento y servicios, lo que contrasta con la ya alarmante media latinoamericana del 30 % de habitantes en barrios, favelas, villas miseria y otros asentamientos precarios.

1. SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR.
1.1. Con más del 90 % de la población viviendo en ciudades, Venezuela es hoy uno de los tres países más urbanizados de América Latina. Sin embargo, mientras en el resto de la región las principales ciudades han conocido una extraordinaria mejora de la calidad del medio urbano y de las condiciones de vida de sus habitantes, convirtiéndose además en importantes motores del desarrollo económico y social de sus respectivas naciones, a nosotros nos ha tocado contemplar, con las variantes del caso, el deterioro progresivo de nuestras urbes durante los últimos treinta años; esta dinámica negativa configura uno de los más graves problemas del país hasta afectar incluso el buen desempeño de la economía nacional y su competitividad en un mundo globalizado, donde el principal activo es el conocimiento, típicamente localizado en las ciudades sobre todo en las más grandes.

Con matices, todas nuestras ciudades registran en la actualidad una vasta gama de problemas compartidos: desde el atraso y envilecimiento de un aparato económico incapaz de generar empleos de calidad en el volumen requerido, hasta el deterioro generalizado de su infraestructura, la precariedad y oferta insuficiente de viviendas, los obstáculos crecientes a la movilidad, la mala calidad e insuficiencia de los servicios y equipamientos y del espacio público, los inaceptables índices de inseguridad, la vulnerabilidad de extensos sectores, el crecimiento descontrolado con acentuada dispersión, etc., todo lo cual pone en entredicho no sólo la competitividad de nuestras ciudades entre sus pares de la región sino incluso su sostenibilidad de cara al futuro. El abandono de la planificación urbana, la falta de una eficiente gerencia de lo urbano y la tozuda insistencia en erradas políticas públicas empeñadas en resolver los problemas de las ciudades frenando su crecimiento, han sido los factores detonantes en la crisis de nuestros conglomerados urbanos y en el agravamiento sostenido de la crisis habitacional.

1.2. Esa dinámica negativa se ha visto acentuada por la irresponsabilidad centralizadora del Gobierno Nacional que, violentando las leyes y la propia Constitución, se ha dedicado a despojar de recursos y competencias a los poderes locales y regionales, con el único objeto de reducir a su mínima expresión la autonomía de gobierno de las ciudades. Esto ha venido a alimentar, agravándolo, el desorden introducido durante los últimos años en la legislación urbanística y habitacional con la proliferación de leyes casuísticas y asistemáticas, así como la práctica de actuaciones asignadas a estructuras informales como las misiones o seudo-estructuras, que constituyen una suerte de administración paralela que soslaya principios de organización y legalidad; la asignación de tareas a entes ajenos al sector como PDVSA; la ficticia potenciación del protagonismo de instancias comunitarias como los consejos comunales, asignándoles responsabilidades sin escala ni concierto, cargando de tareas eminentemente públicas a ciudadanos no necesariamente preparados para tales funciones. Para empeorar la situación, a partir de 2009, el Ejecutivo ha impuesto una legislación paralela que genera prácticas insostenibles en el campo de la planificación urbana y la construcción de viviendas. Una maraña de leyes que se retroalimentan unas a otras, generando incertidumbre y paralización en el sector privado inmobiliario y una escasez adicional de alojamientos para alquilar, agravando además las dificultades tradicionales para obtener las certificaciones de impacto ambiental, agua, luz, gas, etc., las dificultades con los permisos de habitabilidad y en la protocolización de las ventas de inmuebles.

1.3. No puede sorprender, entonces, que durante el período 1999 -2011, las ya malas condiciones de alojamiento de la población venezolana empeoraran ostensiblemente. En ese contexto de deterioro generalizado de las ciudades, en los 12 años del actual Gobierno se han construido solamente 544.200 viviendas, un promedio de 45.300 por año, mientras que en los 30 años anteriores se construyeron 2.036.000 unidades, 67.800 por año en promedio, 49,7% más que bajo el régimen “revolucionario”. Si el cálculo se hace sobre la base del total de viviendas construidas por cada 1.000 habitantes, resulta que en estos 12 años el índice su ubica en 1,76 viviendas por 1.000 habitante, superado largamente durante todos los decenios comprendidos entre 1959 y 1998, llegándose alcanzar el máximo de 5,30 viviendas por 1.000 habitantes entre 1969 y 1978.

Según cifras del BCV durante el primer trimestre de 2011 (1) , el sector público terminó 1.601 viviendas que habían sido iniciadas en años anteriores, mientras que el sector privado terminó 9.997 viviendas, para un total 11.598 unidades, el 7.6% de la meta, reiterada por el Gobierno, de terminación de 153.000 unidades en 2011. Con la llamada Gran Misión Vivienda éste ha insistido, además, en que podrá terminar 250.000 viviendas en 2012 y 300.000 por año durante los siguientes cinco años. Esta última meta corresponde a la construcción de 10 viviendas por cada 1.000 habitantes en 2013; una meta muy ambiciosa, inalcanzable con el actual modelo político-económico centralista, estatista e intervencionista, que asfixia al sector privado, arrincona a las autoridades locales y regionales y, en lugar de trabajar sobre planes urbanos bien concebidos y de largo plazo, improvisa constantemente.

1.4. El aspecto más grave de la problemática urbana del país es hoy la situación de vulnerabilidad de los barrios autoconstruidos, donde viven unos 15 millones de personas, más del 50% de la población venezolana. Un problema que se origina en una visión distorsionada y discriminatoria de las políticas territoriales y urbanas, y el abandono de la planificación urbana y que se manifiesta básicamente en las condiciones de infraurbanización y de inadecuada accesibilidad, déficit de servicios públicos (electricidad, agua, cloacas, drenajes, etc.) y de equipamientos comunales (educacionales, médico-asistenciales, culturales, recreacionales, etc.) Esta situación se ha hecho crítica por la ausencia de planes, la constante improvisación y las intervenciones episódicas que no atacan los problemas de fondo. La vulnerabilidad de los barrios ubicados en terrenos en pendientes, especialmente en Caracas y otras ciudades del interior, sensibles a amenazas hidrometeorológicas y sísmicas, provoca severos riesgos de derrumbes y deslaves de consecuencias catastróficas impredecibles.

1.5. Más allá de garantizar viviendas “dignas” y seguras, la cuestión de la calidad del alojamiento de la población requiere de su adecuada vinculación a la trama urbana, con acceso a los servicios y equipamientos propios de la vida moderna. Ante la incapacidad de los gobiernos de dar respuesta a esta demanda, una parte muy importante de la población ha resuelto sus necesidades de alojamiento en condiciones urbanas precarias, construyendo su hogar con sus propias manos en terrenos invadidos, ocupando edificaciones ajenas o hacinándose en espacios alquilados en barrios y viviendas tugurizadas. Aunque no se manifieste claramente en las encuestas, las familias venezolanas demandan atención prioritaria y planificada a sus necesidades de alojamiento porque, al no existir una oferta apropiada, la calidad del hábitat de la población se hace crítica en términos de la vivienda y su entorno, lo que se traduce en crecimiento de la insostenibilidad urbana. Para los habitantes de los barrios autoconstruidos la vivienda, por precaria que sea, constituye generalmente su único patrimonio, de alguna manera a salvo de la inflación; y parte importante del patrimonio construido del país, aunque no se contabilice en las cuentas nacionales.

1.6. Estimándose en 5,6 por cada 1.000 habitantes el número de nuevos hogares que se forman anualmente en Venezuela, ese debería ser el indicador del número mínimo de viviendas a construir cada año en el país, pero nunca hasta ahora ha sido alcanzado. Para producir 5 viviendas por cada 1.000 habitantes, hoy en día debería existir una oferta de espacios urbanos para alrededor de 120.000 nuevos hogares, pero contra ello conspiran la carencia de planificación urbana y territorial y una sucesión de desacertadas acciones gubernamentales que han hecho que se margine la capacidad instalada -física, empresarial y profesional- para alcanzar tal meta. De hecho el sector público construyó, en estos últimos doce años unas 284.000 viviendas, 24.000 en promedio por año, y un poco menos de 1 por cada 1.000 habitantes. Por su parte el sector privado de la construcción, criminalizado por el Gobierno y afectado por medidas de control de precios, elevada inflación que se le prohíbe descontar, invasiones e incautaciones, escasez de insumos y otros factores, ha perdido toda su capacidad de gestión y motivación para la producción.

1.7. Los problemas de la oferta en el área de vivienda y hábitat, y en general en el sector construcción, han empeorado por la merma y discriminación en la producción y comercialización de insumos básicos, especialmente cemento y acero, consecuencia de las estatizaciones e incautación de empresas puestas en manos de una burocracia inexperta y frecuentemente corrupta. Si a ello se añade que se ha sacado del mercado a una parte importante de la potencial oferta privada, se entiende por qué resulta imposible el cumplimiento, no ya de las ambiciosas metas que demagógicamente anuncia el Gobierno, sino incluso de otras más razonables.

1.8. La extrema dependencia del Gobierno de “empresas socialistas” y los contratos en condiciones desconocidas, gestionados por el propio Presidente, con empresas brasileras, rusas, bielorrusas, chinas, turcas, uruguayas o cubanas -lo que, entre otros efectos perversos, genera pérdida de recursos económicos, produce merma en la oferta de empleos, disminuye la demanda de especialistas venezolanos en el área y discrimina a las empresas nacionales frente a las extranjeras- no es ninguna garantía de incremento de la oferta, en particular por el desconocimiento y mal manejo de las relaciones laborales y la dependencia del suministro oportuno de insumos para la rápida terminación de las obras, lo cual es crucial en una empresa extranjera. El proceso ha conducido a una rápida desnacionalización de un sector que era muy poco dependiente de las importaciones y que registraba niveles de desempeño satisfactorios, que incluso podían potenciarse implantando políticas sensatas.

1.9. La desinstitucionalización general del país y el centralismo militarista, en particular del sector de desarrollo urbano y vivienda, genera graves problemas de gobernabilidad, responsabilidad, corrupción e ineficiencia. El Ministro de Vivienda (8 ministros en 12 años) es un funcionario secundario, subordinado al Presidente de PDVSA, que funge como Vicepresidente del Consejo de Ministros para el Ámbito Territorial y como Coordinador Ejecutivo del llamado Órgano Superior del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat.

2. MARCO GENERAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Para la puesta en marcha de una nueva Política de Desarrollo Urbano y Vivienda, capaz de superar los errores e inequidades en que se ha incurrido en los últimos 30 años, se requiere un Marco General de Políticas Públicas que garanticen su viabilidad y sostenibilidad en el largo plazo. Los principales componentes de esas políticas son:

2.1. Política económica centrada en la superación de la dependencia de la renta petrolera, el combate a la inflación y la creación de empleo de calidad para todos. Generación de condiciones para la inversión extranjera y el retorno de capitales de empresas e inversionistas nacionales, que serán una importante fuente de financiamiento para un audaz programa de vivienda e infraestructura.

2.2. Respeto a la Constitución. Seguridad jurídica y garantía de independencia de los poderes para restituir la confianza gravemente afectada por la discrecionalidad de funcionarios de distintos ámbitos y niveles.

2.3. Combate frontal a la delincuencia, desarme de la población y contundente promoción, en todos los ámbitos del Poder Público, de las reglas y prácticas de convivencia ciudadana. Desarrollo de campañas masivas de cultura ciudadana con inclusión de sus principios fundamentales en los programas de estudios de la educación básica.

2.4. Establecimiento de un marco de referencia de las políticas urbanas que otorgue prioridad a la inversión en bienes públicos (espacio público, transporte, bibliotecas, escuelas, etc.) dirigidos a atender las demandas de la mayoría de la población.

2.5. Retomar y actualizar el proceso de Descentralización Democrática, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Nacional a las Gobernaciones y Alcaldías y, progresivamente, a las propias comunidades. Descentralización financiera y fiscal estableciendo, al lado de los mecanismos de asignación automática (situado constitucional), otros que premien el buen desempeño. Garantías para el funcionamiento del Consejo Federal de Gobierno.

2.6. Reorganización y racionalización de la Administración Central y Descentralizada. Drástica reducción del número de ministerios.

2.7. Reinstitucionalización del sector de desarrollo urbano y vivienda, bajo la rectoría del Ministerio para Vivienda y Hábitat, o el que se defina cuando se promulgue una nueva Ley Orgánica de la Administración Central y Descentralizada.

2.8. Restituir el papel fundamental de la ingeniería venezolana en la reconstrucción y el desarrollo tecnológico del país. Crear condiciones apropiadas para que las universidades puedan cumplir el rol que les corresponde en el desarrollo nacional de la ciencia, tecnología e innovación, incluyendo la revisión y reorientación de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI)

2.9. En paridad de condiciones, dar prioridad a los profesionales y empresas venezolanas de arquitectura, ingeniería, consultoría y construcción, para la contratación de proyectos, obras y servicios.

2.10. Establecer un sistema integrado de planificación territorial y urbana que unifique los planes de uso del suelo y de transporte, concertada con todos los actores -públicos, privados y comunitarios- que a la par de garantizar procesos efectivos de participación restituya la plena competencia de las autoridades regionales, metropolitanas y municipales en materia de desarrollo territorial y urbano. Las políticas de ordenación territorial deberán partir del reconocimiento de las ventajas implícitas en el actual sistema venezolano de ciudades, puesto que las ciudades son el verdadero factor dinámico de la nación, y es evidente que la difusión del dinamismo económico y social hacia las regiones periféricas estará vinculada directamente a la dinámica de las ciudades principales. Lo que no significa renunciar a la incorporación de nuevas regiones, pero ello habrá de hacerse, sin los apremios impuestos por la dependencia de la renta petrolera, al compás que defina una economía sana y sustentable.

2.11. Garantizar que todas las áreas metropolitanas conformadas por la conurbación de dos o más municipios autónomos cuenten con sistemas de gobierno metropolitano, sin menoscabo de las competencias que corresponden a las autoridades municipales.

2.12. Asegurar que todas las áreas metropolitanas mayores de 200.000 habitantes cuenten, en el más breve plazo posible, con modernos sistemas integrados de transporte público.

2.13. Erradicar la práctica de invasiones, incautaciones y apropiaciones compulsivas de empresas, terrenos y edificaciones, al margen de las garantías constitucionales y de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social. Garantizar el pleno derecho a la propiedad.

2.14. Reconocer que la existencia de un mercado importante de viviendas en alquiler es una exigencia básica de las sociedades contemporáneas, caracterizadas por la alta movilidad ocupacional y territorial de las personas, además de ser una alternativa para atender la demanda de las nuevas familias y ciudadanos que requieren alojamiento. La recuperación de ese mercado exigirá la eliminación progresiva de todas las trabas regulatorias, discrecionales y de congelación que existen actualmente, que inhiben la inversión privada para el desarrollo de viviendas en alquiler y para alquilar viviendas existentes; que demás genera situaciones conflictivas en los barrios, donde el alquiler de habitaciones y anexos es una práctica generalizada y una forma de creación de patrimonio familiar.

2.15. Promulgar una Ley de Suelos Urbanos que integre la legislación vigente sobre la materia, cuyo objetivo sea promover el desarrollo sostenible de las ciudades bajo la premisa de ciudades compactas, con mezcla de usos e integración social, de manera de controlar y revertir la ineficiente y dispendiosa dispersión urbana. Fortalecer las competencias de las autoridades en la recuperación de las plusvalías generadas por los cambios de uso o de intensidad de aprovechamiento del suelo urbano y en su participación de la contribución por mejoras, estableciendo la obligación de reinvertir los recursos así obtenidos en nuevos proyectos urbanos. Diseñar un sistema práctico y eficiente para la transferencia de derechos urbanos como instrumento para garantizar la conservación del patrimonio construido, y ejecutar programas de renovación urbana que garanticen la adecuada dotación de servicios y equipamientos sin perjudicar a los propietarios ni gravar al sector público con onerosas expropiaciones.

2.16. Formular y poner en marcha un plan de emergencia para enfrentar, con eficiencia y eficacia, la crisis de generación y transmisión de energía eléctrica. Asignar prioridad y recursos para la investigación y desarrollo en el campo de las energías limpias con énfasis particular en el transporte.

2.17. Formular un plan, concertado con las autoridades metropolitanas y locales, para enfrentar con decisión los problemas relacionados con el suministro de agua potable, disposición de aguas servidas y pluviales, y la falta de mantenimiento, reposición y ampliación de las redes respectivas.

2.18. Activar un programa de recuperación, ampliación y mantenimiento de edificaciones educacionales, medico asistenciales y otras edificaciones públicas y de servicios, que contribuya a la generación de empleo en el corto plazo. Igualmente para la rehabilitación de la red vial interurbana, prácticamente colapsada en todo el ámbito nacional, lo cual hace muy ineficiente y vulnerable al sistema de ciudades y áreas metropolitanas. Este es un programa que se puede activar en el corto plazo y genera rápidamente puestos de trabajo.

2.19. Retomar las condiciones que permitan iniciar la reactivación y expansión, en función de las demandas esperadas, del sector de materiales, componentes y tecnologías de construcción. Revertir las estatizaciones y expropiaciones de aquellas empresas cuya productividad se haya demostrado insostenible en manos del Estado.

2.20. Crear un mercado de valores hipotecarios sano y vigoroso, mediante el diseño y establecimiento del marco regulatorio pertinente, la seguridad jurídica, los incentivos y la estrategia económica adecuada, para obtener nuevos y mayores recursos del sector privado para el otorgamiento de créditos hipotecarios; que garantice la estabilidad y sostenibilidad de un plan de desarrollo urbano y vivienda de largo plazo.

2.21. Destinar, en la Ley de Presupuesto de cada año, recursos para desarrollo urbano y vivienda por un monto equivalente al 3,5% del PIB.

3. PROGRAMAS PRIORITARIOS
3.1. Programa CIUDAD-BARRIO centrado en la reducción de la vulnerabilidad, habilitación física y equipamiento de barrios, con el objetivo de garantizar su integración cultural, social, económica, ambiental y física a la ciudad. Esto implica no sólo garantizar accesibilidad, servicios públicos y equipamientos comunales, sino la atención médico-sanitaria, prioridad a la creación de empleo endógeno de calidad, programas de educación para el emprendimiento y el trabajo y reducción de la deserción escolar, así como construcción de viviendas para sustituir las que deberán ser eliminadas para la habilitación de vías y equipamientos, o por razones de riesgo inminente. Este programa deberá ser puesto en ejecución progresivamente en todas las ciudades mayores de 100.000 habitantes (2) , concertado con gobernaciones y alcaldías: y con la activa participación de las propias comunidades. Se complementará operativamente con la construcción de módulos de servicios ASISTE, planteados en el punto 3.5.
a. Objetivos hasta los primeros cien días y resto año 2013: Revisar y actualizar los planteamientos del Programa Nacional de Habilitación Física de Barrios iniciado en 1999, abruptamente suspendido en 2001. En lo inmediato, iniciar actuaciones en sectores que tengan estudios previos.
b. Objetivos en 2014: resultados concretos en primeros proyectos y 100 nuevas actuaciones iniciadas.
c. Objetivo en 2022: Haber realizado proyectos integrales que beneficien al menos al 60 % de la población en barrios, (unas 180.000 familias/año)
d. Recursos estimados promedio/año 1.800 millones USD (7.740 millones Bs., al cambio de 4,30)
e. Responsable: Alcaldías, bajo lineamientos y supervisión de Ministerio de Vivienda y Hábitat (MINVIH)

3.2. Programa de construcción de macro parcelas y urbanizaciones, insertas en la trama urbana y equipadas con todos los servicios públicos y comunales, para la construcción de viviendas de desarrollo progresivo, con la participación de promotores públicos y privados, cooperativas, organizaciones de la comunidad y la propia gente; que además permita disponer permanentemente de parcelas para reubicación de familias en riesgo o afectadas por contingencias y catástrofes. Este programa será complementado con un mecanismo de financiamiento y urbanización de tierras mediante la modalidad de desarrollos mixtos que involucre a propietarios de tierras, promotores privados e instituciones públicas y de la comunidad. El programa implicará el desarrollo de grandes lotes de tierra con el fin de garantizar su planificación y ejecución continua en el largo plazo.
a. Objetivos hasta los primeros cien días. Hacer un inventario de las tierras públicas urbanas existentes. Diseñar el programa de adquisición de tierras: establecer condiciones, características y ubicación de las tierras a adquirir. Definir procedimientos de avalúo, expropiación y condiciones de pago. Impulsar la terminación de las viviendas que estaban en construcción al 31-12-2012
b. Objetivos a cumplir en 2013. Iniciar el proceso de negociación y adquisición de las tierras necesarias para los primeros cinco años del programa. Concluir todas las obras que estaban en construcción al 31-12-2012. Iniciar la construcción de, al menos, 100.000 nuevas parcelas y viviendas.
c. En diez años. Haber alcanzado de manera progresiva la meta de 10 parcelas-viviendas por cada 1.000 habitantes, lo que significa la construcción de un total de 340.000 unidades en 2022 (población estimada: 33.840.000 habitantes)
d. Recursos estimados en los primeros tres años: un promedio/año de 1.700 millones USD (7.310 millones de Bs., de 2011). El sector privado deberá invertir anualmente 850 millones de USD. Total promedio/año 2.550 millones de USD (10.965 MM de Bs. De 2011)
e. Responsable: MINVIH en coordinación con gobernaciones, alcaldías e instituciones del sector bancario

3.3. Programa de subsidios directos a la demanda de viviendas, para dar apoyo a las familias de menores ingresos para la adquisición, ampliación o mejoras de una vivienda completa o de construcción progresiva.
a. Objetivos a cumplir hasta los primeros cien días: Dictar resolución mediante la cual se establezca un procedimiento práctico, ágil y eficiente para el otorgamiento de los subsidios, acompañado de un sistema de elegibilidad de los beneficiarios transparente y confiable.
b. En el 2013 se deben haber beneficiado, con este programa, al menos 70.000 familias y a partir de 2014, más de 122.000 familias por año
c. Recursos estimados promedio/año 1.500 MM de USD (6.450 MM de Bs., de 2011)
d. Responsable: MINVIH en coordinación con gobernaciones y alcaldías.

3.4. Programa de micro créditos de corto y mediano plazo, concertado con la banca pública y privada, dirigido a familias de bajos ingresos, para adquisición de parcelas urbanizadas, la construcción progresiva de nuevos hogares, y la ampliación de viviendas existentes.
a. Objetivo a cumplir hasta los primeros cien días: Hacer los estudios necesarios y coordinar con el sector bancario la reglamentación e inmediata puesta en marcha del programa.
b. Objetivos a cumplir en el primer año y siguientes: En 2013 otorgar 20.000 microcréditos y a partir de 2014 otorgar un promedio de 50.000 micro-créditos/año, todos con recursos propios de la banca
c. Responsable: Instituciones del sector bancario bajo lineamientos y control de MINVIH y coordinación y supervisión de alcaldías.

3.5. Programa nacional de asistencia técnico-social integral a: (i) los barrios donde se inicien actuaciones del Programa Ciudad-Barrio; y (ii) las nuevas urbanizaciones donde se construyan viviendas de desarrollo progresivo. La asistencia abarcará: mejoramiento de las viviendas y el entorno urbano, mitigación de riesgos, normas de convivencia, asistencia jurídica, sanitaria y seguridad, etc. Construcción de módulos de servicio ASISTE que alberguen los distintos servicios y permitan canalizar la participación del Servicio Comunitario Estudiantil y otros programas de las universidades dirigidos a la comunidad. El programa será financiado conjuntamente por los Poderes Nacional y Municipal, y ejecutado y operado por las Alcaldías.
a. Objetivo a cumplir hasta los primeros cien días: hacer los estudios preliminares necesarios para la puesta en marcha del programa.
b. En 2013, entrenamiento del personal que prestará la asistencia e inicio del programa.
c. En 2014, construcción y dotación de los primeros 100 módulos
d. En 2022, tener en funcionamiento 5.000 módulos.
e. Recursos estimados promedio/año: 500 MM de USD (2.150 MM de Bs.)
f. Responsables. Lineamientos y coordinación: MINVIH. Ejecución y operación: Alcaldías.

3.6. Programa de rescate, equipamiento y mantenimiento de los espacios públicos en las ciudades mayores de 100.000 habitantes. Incluye la preservación del patrimonio arquitectónico, cultural y ambiental, así como la rehabilitación de los centros históricos de las ciudades. Un componente clave es la recolección y disposición de basuras y la reducción de la contaminación ambiental, visual y sónica. Este programa incluirá también el inicio del rescate ambiental, equipamiento y mantenimiento de frentes urbanos marinos, lacustres y fluviales, con criterios de sostenibilidad ambiental.

La planificación y puesta en marcha del programa se hará en estrecha colaboración entre las autoridades nacionales, regionales y municipales y con la participación del sector privado y las propias comunidades. El rescate de los espacios públicos de las ciudades implica la obligación de garantizar la seguridad de bienes y personas durante el uso diurno y nocturno de espacios y servicios; y de desarrollar acciones dirigidas a reforzar los factores de convivencia, responsabilidad y ciudadanía.
a. Hasta los primeros 100 días, diseñar directrices y elaboración de los proyectos. Identificar sitios emblemáticos para crear grandes parques metropolitanos y bulevares.
b. En 2013, iniciar la ejecución del programa, por lo menos, en las 5 ciudades de mayor población.
c. En 2019, todas las ciudades venezolanas mayores de 100.000 habitantes deberán cumplir parámetros de sostenibilidad en sus espacios públicos.
d. Recursos estimados promedio/año: 900 MM de USD (3.870 MM de Bs.)
e. Responsables, Lineamientos y coordinación: MINVIH y Ministerio del Ambiente. Ejecución: Gobernaciones y Alcaldías con la participación del sector privado y comunidades.

3.7. Fondo Nacional de Contingencias y Programa de construcción de albergues o refugios, destinados al alojamiento provisional de familias o personas víctimas de catástrofes y contingencias. El Fondo estará destinado a apoyar financieramente a las Gobernaciones y Alcaldías en la prevención, mitigación y recuperación en el caso de catástrofes y contingencias. La construcción de refugios provisionales será coordinada con el programa de construcción de urbanizaciones de desarrollo progresivo.
a. Hasta los primeros 100 días. Diseñar directrices, identificar sitios y seleccionar terrenos, elaborar proyectos. Creación del Fondo Nacional de Contingencias.
b. En 2013. Iniciar la ejecución del programa.
d. Recursos estimados promedio/año: 600 MM de USD (2.580 MM de Bs.)
e. Responsables. Lineamientos: MINVIH y MRIJ, Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres. Ejecución: Gobernaciones y Alcaldías.

3.8. Programa para el rescate integral, en 6 años, del Litoral Central, con la participación de capitales y empresarios nacionales y extranjeros; y de las propias comunidades afectadas. El programa incluirá la construcción de conjuntos urbanos para 30.000 familias de ingresos medios y bajos, desarrollados con criterios de sostenibilidad urbana. En el más corto plazo se procederá a la estabilización de la autopista Caracas-La Guaira mientras, dadas la enorme vulnerabilidad y restricciones de capacidad de la actual vía, se decide sobre la construcción de la nueva autopista o el Sistema de Transporte sobre Rieles (STR). Se trata de un programa bandera que compromete la eficiencia y responsabilidad del nuevo gobierno democrático, en el rescate de un territorio abandonado a su suerte por el actual régimen.
a. En 2013, revisión de los proyectos y propuestas existentes. Definición de las condiciones para la convocatoria a inversionistas nacionales e internacionales. Creación de una Corporación para el Desarrollo del Litoral Central
b. En 2014, inicio de las obras de infraestructura en el Litoral y definición de la construcción de la nueva autopista Caracas-La Guaira o el STR.
c. En 2019, deberán estar terminadas todas las obras.
d. Responsables. Obras del Litoral: Corporación para el Desarrollo del Litoral Central en coordinación con MINVIH y Gobernación Edo. Vargas y Alcaldía Municipal. Nueva autopista o STR: MTC

3.9. Programa integral, con horizonte a diez años, para la recuperación de las condiciones de accesibilidad, infraestructura, vialidad, y modernización del transporte público urbano, en todas las ciudades mayores de 100.000 habitantes, coordinado con los planes de desarrollo urbano y el Plan Nacional de Vialidad. En el caso del transporte, se trata de garantizar que todas las principales áreas metropolitanas del país cuenten a la brevedad con sistemas de transporte público integrado. Para ello se deberá asegurar la colaboración entre las autoridades nacionales, metropolitanas y municipales y los gremios de transportistas
a. Objetivos hasta los primeros cien días. Formulación del programa y definición de los términos de concertación con gobernaciones, alcaldías y gremios de transportistas. Evaluación de la situación de las obras de TrolMérida, TransBarca, BusCaracas y los metros de Maracaibo y Valencia.
b. En 2013: Puesta en marcha del programa en las primeras cinco ciudades; reiniciar las obras pendientes y formular los estudios para Maracay, Ciudad Guayana, Barcelona-Puerto La Cruz, Ciudad Losada y Maturín.
c. En 2019 todas las ciudades mayores de 100.000 habitantes tendrán una infraestructura vial sin deterioros y contarán con un sistema de transporte público integrado, moderno y eficiente. Adicionalmente todas las ciudades mencionadas habrán inaugurado las respectivas primeras etapas de sus sistemas de Buses de Tránsito Rápido (BTR) o similares y estarán concluidas todas las obras enunciadas en el literal “a”.
d. El Metro de Caracas será objeto de un tratamiento específico que se precisa en el documento del Grupo de Transporte y Vialidad.
e. Recursos estimados promedio/año 1.900 MM de USD (8.170 MM de Bs.)
f. Responsables. Gobernaciones y Alcaldías. Lineamientos, MTC y MINVIH

3.10. Programa de construcción de urbanizaciones con servicios y viviendas completas destinadas a los sectores de ingresos bajos y medios, para ser ejecutado por promotores privados, en terrenos privados, financiado parcialmente con recursos propios de la banca y donde se reconocerá la preventa de vivienda, bajo reglas claras y protección de los pre-compradores, como una de las alternativas válidas para canalizar el ahorro.
a. Objetivos a cumplir hasta los primeros cien días: i) Dictar resolución mediante la cual se fije el porcentaje de la cartera de crédito bruta que, con carácter obligatorio, deben colocar con recursos propios las instituciones del sector bancario para el otorgamiento de créditos hipotecarios para vivienda; ii) Dictar resolución que permita los contratos de preventa de vivienda donde se establezcan reglas claras que garanticen al sector privado promotor la recuperación de su inversión con una remuneración justa, y se proteja plenamente a los pre-compradores de eventuales irregularidades o estafas.
b. Objetivos a cumplir al finalizar 2013: terminación de todas las viviendas con financiamiento obligatorio de la banca iniciadas en años anteriores y haber comenzado por lo menos 22.000 nuevas viviendas
c. Responsables. MINVIH: resoluciones y controles. Instituciones del sector bancario: financiamiento.

ANOTACIÓN FINAL
La propuesta de la Unidad Democrática en materia de Desarrollo Urbano y Vivienda se sintetiza en un esfuerzo concertado de los sectores público y privado, las comunidades y la academia, para reconstruir nuestras ciudades a partir de principios de inclusión, sostenibilidad urbana y autonomía de los gobiernos locales, incorporando las tecnologías más adecuadas y estableciendo como prioridad la inversión en bienes de interés público (servicios públicos, transporte colectivo, aceras, plazas, parques, escuelas, bibliotecas, teatros, museos), reconociendo en el espacio público uno de los más importantes elementos de generación de convivencia y equidad ciudadanas. El objetivo que se persigue es la producción de más y mejor ciudad de modo que en ella pueda insertarse el espacio privado ‑la vivienda en particular, en especial la de los estratos de menores ingresos- cumpliendo no sólo con los requerimientos de habitabilidad del alojamiento y su entorno inmediato, sino también con las condiciones urbanas que garantizan el pleno disfrute del derecho a la ciudad.

(1) El Banco Central dejó de publicar la información sobre la construcción de viviendas a partir del segundo trimestre de 2011, seguramente para ocultar el atraso en al  cumplimiento de la llamada “gran misión vivienda”; y así poder anunciar posteriormente cifras no corroborables.

(2) Ver anexo: Lista de las ciudades mayores de 100.000 habitantes en 2001.

ACS-MN/AL/ 26 de octubre 2011