De la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela la Comunidad Universitaria y la opinión pública en general
Desde el 12 de febrero próximo pasado, Caracas y otras ciudades y pueblos a lo largo y ancho del país han sido escenario de continuas manifestaciones lideradas por el movimiento estudiantil y ciudadanos que buscan expresarse y denunciar las gravísimas circunstancias que actualmente atraviesa la sociedad venezolana. Ante esta situación, el Gobierno Nacional, en vez de oír el clamor de la calle y procurar la resolución concertada de los problemas, ha optado por enfrentar con desmedida violencia estas movilizaciones pacíficas. Como ha sido ampliamente registrado en los medios de comunicación y, sobre todo en las redes sociales, los cuerpos de seguridad del Estado han reprimido con armas de fuego y sustancias tóxicas a los manifestantes, actos expresamente prohibidos por el artículo 68 de la Constitución Nacional, y han contado con la complicidad protagónica de bandas paramilitares para atacar a la población civil y dejar a su paso una estela de muerte, de atropello físico y psicológico a ciudadanos desarmados, muchos de los cuales han sido objeto de detenciones y procedimientos que no se atienen a las leyes fundamentales de la República.
La comunidad de la FAU —que ha acompañado a la UCV en las más de setenta denuncias sobre los continuos ataques de grupos de motivación política, cuyas huellas de violencia se han inscrito irreversiblemente en los edificios patrimoniales de la Ciudad Universitaria de Caracas— y que el pasado día 13 de febrero sufrió una sorpresiva irrupción de estos grupos, no puede callar ante estos hechos. En esta hora del país, representada por su Consejo de Facultad, alza su voz firme para sumarse al decidido repudio de estos hechos y denunciar:
1. La flagrante violación de los derechos constitucionales y de los Derechos Humanos fundamentales, expresada inequívocamente en la creciente represión que han emprendido los entes gubernamentales nacionales, estadales y municipales contra las manifestaciones pacíficas, no solamente mediante la represión armada y la acción de bandas paramilitares, sino con la reiterada e inconstitucional medida de prohibir el libre tránsito de las movilizaciones de protesta en el espacio público de las ciudades, donde se recrean ostensible y simbólicamente casos de apartheid y muros de infausta referencia histórica, que se consideraban erróneamente actos superados en la civilización del nuevo siglo.
2. El aumento de los factores de inseguridad en el espacio público, pues mientras se reprime de esta forma a la población y se hace usual las prácticas de detención ilegal y trato abusivo, se ha continuado descuidando el control de la delincuencia y la violencia urbanas, las cuales han seguido su acción destructiva de la vida en comunidad, amparadas por los altos índices de impunidad que se registran en la Venezuela de hoy y que consolidan el estado de indefensión que vivimos los ciudadanos no conectados a las esferas de poder.
3. El cerco impuesto a la libre expresión del pensamiento y a la libre y plural información del ciudadano, establecidas en el artículo 108 de nuestra Carta Magna. Ante la imposibilidad de acceder a una información oportuna y veraz, el ciudadano, con diferentes formas de organización y acciones, acude a la calle como último recurso para expresarse. Para oír y ser oído. Las barricadas que se han dispuesto en diversas áreas de las ciudades son un síntoma de esta problemática de ausencia de respuestas concretas y represión, no la causa ni la “enfermedad” que hay que tratar de urgencia para devolver a los vecindarios afectados las condiciones ordinarias de vida cotidiana y movilización por el espacio público.
4. La utilización de instrumental de guerra y armamentos, en algunos casos hasta con el sobrevuelo de aviones de exclusivo uso militar, para la intimidación y represión de la población desarmada. Estas acciones, junto con las continuas detonaciones y el indiscriminado uso de sustancias tóxicas, causan en la población de los vecindarios aledaños a los sitios de manifestación, constante zozobra y niveles de contaminación sónica y ambiental que afectan las condiciones de habitabilidad, ya bastante disminuidas en este momento histórico, de la ciudad venezolana.
5. La inédita práctica de irrupción violenta en los espacios residenciales y privados que se ha hecho reiterada en diferentes ciudades del país por parte de las fuerzas represivas, en abierta violación al principio de inviolabilidad de la morada establecido claramente en el artículo 115 de la Constitución Nacional.
6. Las colas interminables frente a los lugares de expendio de comida que se han hecho parte intrínseca del escenario urbano —situación propia de ciudades en guerra y postguerra o abatidas por calamidades naturales— son en el caso venezolano señal inequívoca de la ausencia de políticas efectivas y la impune corrupción que, tal como ha sido denunciado incluso por altos funcionarios, reina en el país. La disminución de la productividad local y las limitaciones para importar las mercancías de primera necesidad desde las economías productivas de los países vecinos y de todas partes del mundo, han generado tanto un inmenso desabastecimiento como un alza constante de los precios, cuyas máximas expresiones están aún por verse.
7. El abismal y progresivo deterioro de los servicios públicos y asistenciales en el país. La calidad de vida en la ciudad venezolana muestra signos alarmantes de descenso y se ha afectado de manera alarmante la posibilidad de supervivencia de la población aquejada por diferentes enfermedades, frente a la carencia ya crítica y en constante caída de insumos, equipos y fármacos para los debidos tratamientos.
8. El abandono a los barrios y zonas populares de todas las ciudades del país, donde la acción institucional del Gobierno ha sido progresivamente reemplazada por la de los Consejos Comunales y otras organizaciones de base, cuya politización y orientación proselitista han reducido los efectos de su acción al ejercicio de control y, muchas veces, abierta intimidación a los vecinos, más que a la provisión de mejores condiciones de vida establecidas como garantías en la Constitución Nacional.
9. Las expresiones de insulto y descalificación a un amplio sector de la población por parte del Ejecutivo Nacional, en abierto estímulo a la polarización política y al desencuentro de los venezolanos. En esta coyuntura específica, resulta especialmente alarmante la desatención, ignorancia de las leyes y de convenios internacionales y las muestras de desprecio por parte de altas funcionarias del llamado Poder Moral a las denuncias sobre violación de los derechos constitucionales y los derechos humanos fundamentales que se han elevado a estas instancias directamente por las víctimas, sus representantes legales o las organizaciones nacionales de defensa de los derechos humanos. Igualmente, el silencio del Ministro de Educación Universitaria ante la opinión pública ha sido un hecho notable para los anales de esta coyuntura crítica.
En relación a lo planteado, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, representada por los miembros del Consejo de Facultad, en sesión ordinaria del día 11 de marzo de 2014 acuerda de manera unánime:
1. Un reconocimiento a las acciones liderizadas por el movimiento estudiantil, destacando su actitud responsable y valiente que, con el apoyo los ciudadanos, ha convocado a expresarse pacíficamente frente a la grave situación del país.
2. Invitar a que, en conjunto con las otras diez facultades de la UCV y cada una desde su ámbito de competencia, se levante un expediente lo más pormenorizado posible de esta coyuntura crítica que incluya tanto un diagnóstico de la problemática como las propuestas para abordarla, con lo cual se daría fundamento a la alta misión institucional de contribuir al esclarecimiento y solución de los grandes problemas nacionales
3. Exigir a las diferentes instancias de gobierno, nacional, estadal y local, el irrestricto apego a la Constitución Nacional y la atención inmediata de las exigencias que el movimiento estudiantil y en general el sector universitario, según lo expresa el comunicado de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, AVERU, con el apoyo de amplios sectores de la ciudadanía, han elevado como condiciones mínimas para concretar el diálogo franco y productivo que espera con ansias el país nacional.
Acordado para su difusión por unanimidad en sesión ordinaria del Consejo de Facultad FAU-UCV, en Caracas, a los once días del mes de marzo de dos mil catorce.
Guillermo Barrios
Decano-Presidente