Al cumplirse el tercer aniversario del más grave incidente ocurrido en la industria petrolera venezolana, en el que, según la fuente oficial, perdieron la vida 42 personas, 150 resultaron heridas y 5 aún permanecen desaparecidas, nuestras instituciones expresan nuevamente su pesar y palabras de solidaridad a los familiares de todos las personas fallecidas y heridas, así como también a aquellos ciudadanos cuyos bienes se vieron afectados por este desastre, a la vez que manifiestan su preocupación por no haberse obtenido de los organismos oficiales respuestas razonables y perentorias a las interrogantes básicas que surgieron desde el primer día de ocurrida esta tragedia.
Ante la gravedad del evento y tal como fue oportunamente comunicado por nuestras instituciones a la opinión pública, en aquel momento se imponía que el Gobierno Nacional designara rápidamente un Comité de Investigación independiente, integrado por expertos nacionales e internacionales, en el cual el personal de la refinería participara únicamente para prestar el soporte requerido para la recopilación de la información pertinente. Dicho comité debería, en un plazo perentorio, determinar las causas de esta lamentable tragedia, identificar los elementos necesarios para establecer las responsabilidades del caso y lo que es más importante, emitir las recomendaciones necesarias para evitar la ocurrencia de otra fatalidad similar, acciones que no se ejecutaron en el momento preciso.
Dado que en agosto de 2013 -transcurrido un año de la tragedia- no se había emitido un informe oficial del accidente por ningún organismo del Estado, el Centro de Orientación en Energía (COENER) presentó a la opinión pública los resultados de su investigación realizada por un equipo de técnicos y especialistas. Este documento se publicó el 25 de agosto de 2013 en el blog de COENER http://coener2010.blogspot.com/ e inclusive fue entregado personalmente al presidente de la Comisión de Energía de la Asamblea Nacional. En este Informe se presentó el análisis del accidente; sus causas potenciales; su impacto de tipo material, económico y ambiental, para la corporación PDVSA y el país; las conclusiones que se derivan de la investigación; y un conjunto de recomendaciones orientadas a evitar la recurrencia de accidentes similares en la Industria Petrolera Nacional.
Seguidamente PDVSA (intuimos que como un mecanismo de defensa/respuesta a la iniciativa tomada por COENER), realizó el lunes 09 de septiembre de 2013 una presentación sobre el accidente de la Refinería de Amuay, en la que concluyó que el mismo fue ocasionado por una acción de “sabotaje”, afirmando que “se encontraron aflojados siete de ocho espárragos de la base de la bomba de olefinas P-2601 del Bloque 23”, situación que atribuyeron a una “acción intencional de terceros interesados en provocar una catástrofe” y que prontamente se darían a conocer sus responsables. Esta presentación mostró una serie de datos y eventos análogos a los indicados en los análisis e informes presentados previamente por COENER.
De manera inmediata, especialistas que integran COENER, analizaron cuidadosamente el contenido de la referida presentación de PDVSA (pues no se publicó el correspondiente informe técnico) y unánimemente se llegó a la conclusión que el argumento del sabotaje no tenía sustento técnico alguno; por el contrario, en esta presentación se reforzaba la tesis que las causas de la fuga de gas, la secuencia de eventos previos a la explosión e incendio, y la lamentable ausencia de los sistemas de alarma, de procedimientos efectivos de combate de incendios y de la aplicación oportuna de adecuados procedimientos de evacuación, fueron consecuencia de serias deficiencias operacionales y de mantenimiento.
A pesar de los compromisos anunciados por el Ejecutivo Nacional y por la Fiscalía General de la República desde el mismo momento del evento, todavía hoy a tres años de ocurrida la tragedia, PDVSA no ha publicado el Informe Definitivo ni ha vuelto a declarar sobre el tema. De igual forma, los demás entes oficiales responsables de investigar este asunto, como es por ejemplo el Ministerio Público, que se comprometió a publicar su respectivo informe y en el que debía haberse pronunciado formalmente sobre las responsabilidades del caso, tampoco lo ha hecho. Esto denota el grave vacío institucional que impide que la sociedad venezolana tenga una respuesta clara, veraz y confiable sobre las causas de este accidente que causó la pérdida de invalorables vidas humanas y cuantiosos daños materiales al patrimonio de los venezolanos y particularmente a la comunidad de Paraguaná. Lo más grave y preocupante es que no se hayan presentado hasta ahora recomendaciones de lo que ha debido y debe hacerse para evitar que vuelvan a ocurrir tragedias de esta magnitud.
En el recién publicado Informe de Gestión Social y Ambiental de PDVSA año 2014, hay varias menciones que intentan mostrar como una tendencia, la disminución en sus índices de accidentalidad respecto al año anterior, 2013. A continuación un resumen de los datos:
De hecho, se reporta una reducción en general de los eventos y de los índices, sin embargo, se observa que los números siguen siendo muy elevados y la cantidad de “lesiones incapacitantes” y el Índice de Frecuencia Neta (IFN), que indica la frecuencia de accidentes que causan lesiones incapacitantes en los trabajadores, se mantienen en 2013 y 2014 en el mismo elevado nivel de 2012. Por otra parte, al comparar con otras referencias internacionales, e incluso con empresas que son propiedad de la misma PDVSA, como es el caso de CITGO, se confirma que los esfuerzos que se hayan podido realizar no han sido suficientes ni eficaces y que están lejos de traducirse en una urgente y significativa reducción de los índices de accidentalidad. Adicionalmente, lo que se evidencia de las noticias sobre siniestros y fatalidades que han llegado a publicarse en lo que va del presente año 2015, hace pensar que los niveles de riesgo de la industria petrolera venezolana tienden a aumentar.
Uno de los indicadores más importantes para medir la accidentalidad es el Índice de Frecuencia Neta (IFN) antes mencionado. A continuación las cifras de 2007 a 2014:
Uno de los indicadores más importantes para medir la accidentalidad es el Índice de Frecuencia Neta (IFN) antes mencionado. A continuación las cifras de 2007 a 2014:
Ambas gráficas indican que la lamentable situación de PDVSA en cuanto al riesgo industrial, lejos de presentarse como una situación coyuntural por la ocurrencia de un accidente grave, como fue el caso de Ecopetrol en 2010, luce como una característica intrínsecamente relacionada con el modelo de gestión que se ha adoptado en los últimos años en la industria de los hidrocarburos en Venezuela que ha impactado la manera como se programan, se supervisan y se llevan a cabo los procedimientos operacionales y de mantenimiento. Sus índices de siniestralidad siguen siendo escandalosos y consistentemente elevados, aun observando una leve disminución en 2014, en comparación con empresas similares y con su propia subsidiaria CITGO, lo cual confirma que el problema es propio de sus operaciones y de su pésima gerencia en Venezuela. Este lamentable desempeño queda aún más evidenciado con los indicadores específicos del CRP, donde en 2014 el índice de severidad alcanzó una las cifras más elevadas de la industria (689 días perdidos por millón de HH según Informe de Gestión Social y Ambiental PDVSA 2014). Esto indica que a pesar del lamentable siniestro de 2012 la gerencia de este complejo y la Junta Directiva de PDVSA siguen sin tomar medidas efectivas en materia de seguridad industrial.
Un aspecto adicional de reciente repercusión en las redes sociales y en los poquísimos medios de comunicación que aún se mantienen independientes y con una digna posición crítica frente a la acción gubernamental, ponen de manifiesto la nefasta gestión de la Directiva de PDVSA y lo que obliga a preguntarnos:
¿Cuántas demandas judiciales habrán iniciado las compañías de seguros contra PDVSA sobre este este accidente y con relación a los programas de mantenimiento y prácticas operacionales aplicadas en los sistemas donde se produjo la explosión de Amuay, y con relación a accidentes similares producidos posteriormente en las refinerías de Cardón, El Palito y Puerto La Cruz? A este respecto invitamos al lector a acceder a más información sobre el asunto en los siguientes enlaces:
http://www.lasarmasdecoronel.blogspot.com/2015/07/las-empresas-aseguradoras-frente-al.html http://lasarmasdecoronel.blogspot.com/2014/11/otro-sabotaje-en-la-refinería-de-amuay.html De su lectura, nos surgen preguntas adicionales: ¿Cuál es la verdadera situación del Centro de Refinación Paraguaná en cuanto a las pólizas de seguro de sus instalaciones? ¿Logró PDVSA recuperar de las compañías de seguros las cuantiosas pérdidas económicas de este incidente?
Queda evidenciado que el lamentable accidente ocurrido en la Refinería de Amuay el 25 de agosto de 2012, no fue un hecho fortuito. La tendencia creciente de paradas no programadas, la extensión de paradas programadas en las refinerías y el recurrente aumento de la accidentalidad en todas las instalaciones industriales de PDVSA, son consecuencia directa de la decisión de despedir en el año 2003 a más de 20 mil trabajadores, irresponsable acción que desprofesionalizó sus cuadros gerenciales y técnicos, agravado por el hecho de desviar la atención de la empresa de sus actividades medulares para convertirla en un brazo ejecutor de múltiples actividades ajenas al negocio petrolero. Para superar esta crisis, se requiere retomar el modelo de una empresa eficiente, productiva y orientada a la mejora continua de su gestión, concentrada en el negocio de los hidrocarburos, que fue la razón de ser y caracterizó a Petróleos de Venezuela, S.A. en sus primeros veinticinco años.
Ante la ausencia de respuestas y el desconocimiento de esta situación por parte de PDVSA, del Ejecutivo y de los poderes públicos responsables de la fiscalización de los entes públicos y la defensa de los trabajadores y las comunidades circundantes a los centros petroleros, exigimos de nuevo a la Comisión de Energía de la Asamblea Nacional y a la Fiscalía General de la República, acometer las acciones inherentes a sus funciones de contraloría y ejercer las acciones necesarias para que se responda, tal como lo establece la Ley y sus Normas Internas, por el grave accidente ocurrido en la Refinería de Amuay, y en particular se adopten las medidas requeridas para evitar que vuelvan a ocurrir tragedias similares. Solicitamos igualmente que efectivo de inmediato se someta a PDVSA y a todas sus filiales a una auditoría integral de Seguridad, Higiene y Ambiente (SHA) en todas sus operaciones y que los resultados de esa auditoría se apliquen para corregir irregularidades y prevenir futuras desviaciones, con estrictos seguimientos mensuales.
Esperamos que se haga justicia con las familias que han perdido a sus seres queridos, con empresas y comerciantes que perdieron bienes y propiedades producto de muchos años de trabajo honesto y sacrificios, como consecuencia de esta dolorosa tragedia, y otras que han ocurrido durante los últimos tres años en la industria petrolera nacional.
Las Juntas Directivas del Centro de Orientación en Energía (COENER), la Academia de Ingeniería y Hábitat (ANIH), CEDICE Centro de Estudios de Energía de Venezuela, el Grupo Orinoco de Energía y Ambiente y la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo (SVIP).
Caracas, 25 de agosto de 2015
Por la Junta Directiva de COENER
Francisco Javier Larrañaga
Coordinador Comité de Manufactura
Enviado a la redacción de la revista por Idea Genial Comunicaciones, C.A. prensa@ideagenial.net